Hace unos días, revisando archivos antiguos, encontré el borrador de un artículo que había empezado a escribir en 2022 y que, por alguna razón, quedó inconcluso. Lo releí cuatro años después y me llamó la atención comprobar que, salvo algunas referencias propias de aquel momento, la preocupación que me llevó a escribirlo sigue estando plenamente vigente y, tal vez, hoy resulta incluso más evidente frente a la velocidad con la que la tecnología continúa transformando nuestra manera de trabajar, relacionarnos, contratar y acceder a toda clase de servicios.
En aquel texto traía a colación una reflexión recogida por Andrés Oppenheimer en su libro ¡Sálvese quien pueda!, según la cual la tecnología constituye una fase inevitable de la evolución humana y resistirse a ella termina conduciendo, tarde o temprano, a la irrelevancia. También recordaba los planteamientos de Richard Susskind sobre aquellas profesiones que durante décadas construyeron buena parte de su valor alrededor del acceso privilegiado al conocimiento, de la posesión de determinadas credenciales y de la reserva legal de ciertas actividades que solo podían ser ejercidas por abogados, médicos, notarios u otros profesionales especializados.
Internet comenzó hace ya muchos años a modificar ese escenario y la inteligencia artificial está acelerando el proceso de una manera que difícilmente habríamos podido anticipar cuando empezó este siglo. El conocimiento dejó de estar encerrado en bibliotecas u oficinas y hoy cualquier persona tiene acceso inmediato a cantidades de información que antes requerían años de formación o la intervención de un especialista, lo que naturalmente obliga a muchas profesiones a preguntarse nuevamente cuál es el verdadero valor que aportan a la sociedad.
Esa reflexión me conduce inevitablemente al notariado colombiano, no porque crea que nuestra función pueda ser reemplazada por una plataforma, un algoritmo o una inteligencia artificial, sino precisamente porque estoy convencido de que su valor se encuentra en aspectos que ninguna de esas herramientas puede sustituir por sí sola.
La fe pública supone mucho más que verificar que un documento esté correctamente elaborado o comprobar que una firma corresponde a determinada persona. Detrás de nuestra función existe una responsabilidad profundamente humana que implica comprender la voluntad de quien comparece ante nosotros, establecer que entiende el alcance de aquello que está haciendo, advertir circunstancias que puedan comprometer su consentimiento, interpretar situaciones familiares, patrimoniales y personales y asumir, finalmente, la responsabilidad que supone otorgar certeza jurídica frente a terceros.
Esa dimensión humana de la función fedataria, lejos de justificar una posición defensiva frente a la tecnología, debería ser justamente la razón para adoptarla con mayor decisión allí donde pueda ayudarnos a prestar un mejor servicio.
Ya tenemos ejemplos muy claros de que esto es posible. Hace algunos años incorporamos la identificación biométrica apoyada en la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil y hoy sería difícil imaginar que renunciáramos a esa herramienta para regresar a un sistema en el que la identidad de una persona dependiera esencialmente de comparar la fotografía impresa en una cédula con el rostro de quien se encontraba frente a nosotros. La tecnología no desplazó al notario ni debilitó la fe pública, simplemente nos permitió verificar con mayor seguridad uno de los elementos esenciales de nuestra actuación.
La discusión sobre la modernización del notariado no debería plantearse como una confrontación entre la tecnología y la función notarial, porque ambas pueden complementarse perfectamente siempre que tengamos claridad sobre aquello que constituye la esencia de nuestra responsabilidad y sobre aquello que corresponde simplemente a la manera como, históricamente, hemos prestado el servicio.
La sociedad con la que interactuamos hoy es muy distinta de aquella para la cual fueron concebidos muchos de nuestros procedimientos. Las personas trabajan desde sus casas, administran sus cuentas bancarias desde un teléfono, celebran reuniones con personas ubicadas en otros continentes, firman electrónicamente documentos, realizan operaciones comerciales sin desplazarse físicamente y obtienen en minutos servicios que hace apenas unos años exigían diligencias presenciales, papeles, filas y horas de espera.
Resulta entonces perfectamente razonable que ese mismo ciudadano se pregunte por qué determinados trámites notariales siguen exigiendo desplazamientos o procedimientos que podrían resolverse, total o parcialmente, mediante mecanismos tecnológicos suficientemente seguros.
Esa pregunta, en lugar de incomodarnos, debería llevarnos a revisar con humildad nuestras propias prácticas y a preguntarnos cuáles de ellas siguen siendo indispensables para garantizar la seguridad jurídica y cuáles conservamos simplemente porque siempre las hemos hecho de esa manera.
Por supuesto, modernizar el servicio notarial no consiste en digitalizar indiscriminadamente cada actuación ni en trasladar a una pantalla procedimientos que requieren necesariamente presencia, conversación, valoración y criterio humano. Tampoco se trata de disminuir controles ni de convertir al notario en un simple espectador de plataformas tecnológicas que terminen tomando decisiones que corresponden exclusivamente al ejercicio de la función fedataria.
El verdadero desafío consiste en identificar con criterio aquello en lo que nuestra intervención personal resulta insustituible y permitir que la tecnología simplifique todo aquello que puede hacerse mejor, más rápido y con igual o mayor seguridad, incluyendo procesos de identificación, autenticación, intercambio de información, preparación documental, trazabilidad y muchas otras actuaciones que forman parte cotidiana del servicio.
Habrá asuntos en los que la presencia física seguirá siendo absolutamente necesaria, habrá otros en los que probablemente deje de serlo si existen mecanismos suficientemente robustos para garantizar identidad, consentimiento y trazabilidad, y seguramente aparecerán modelos híbridos que permitirán conservar íntegramente la intervención del notario al tiempo que facilitan enormemente la relación del ciudadano con el servicio.
Ese es, a mi juicio, uno de los debates que nuestro sector debe abordar con mayor apertura.
Quienes hacemos parte del notariado tenemos la obligación de preservar una institución que cumple una función fundamental dentro de la seguridad jurídica del país, pero preservar una institución no puede significar conservar inalteradas todas las formas mediante las cuales históricamente hemos ejercido nuestra actividad, porque existe una diferencia enorme entre proteger la esencia de una función y proteger cada una de las costumbres que se han construido alrededor de ella.
La sociedad sigue necesitando fe pública, seguridad jurídica, certeza frente a determinados actos y negocios y, sobre todo, personas capaces de comprender a otras personas antes de dar fe de sus decisiones. Esa necesidad probablemente seguirá existiendo durante mucho tiempo, pero sería equivocado concluir que para preservar esos valores también debemos preservar procedimientos que la realidad tecnológica permite hacer de otra manera.
Cuando escribía este artículo hace cuatro años pensaba que ningún planteamiento jurídico, por elaborado que fuera, tendría la capacidad de detener la evolución de los modelos de prestación de servicios y sigo pensando lo mismo. La tecnología continuará desarrollándose, las expectativas de los ciudadanos seguirán cambiando y nuevas alternativas aparecerán independientemente de que nosotros estemos preparados para recibirlas.
La verdadera decisión que tenemos por delante consiste entonces en determinar si queremos limitarnos a reaccionar frente a esos cambios cuando ya nos sean impuestos por la realidad o si, por el contrario, preferimos participar activamente en su construcción, estableciendo los límites necesarios, defendiendo aquello que hace valiosa nuestra función y utilizando al mismo tiempo todas las herramientas disponibles para eliminar procedimientos que ya no agregan seguridad ni valor al ciudadano.
Para hacerlo necesitaremos regulación, infraestructura, inversión y, por supuesto, condiciones tecnológicas que garanticen la seguridad del sistema, pero antes que cualquiera de esas cosas necesitaremos algo mucho más sencillo de formular y probablemente bastante más difícil de asumir, que es la humildad de reconocer que la sociedad cambió y que nosotros también tenemos que hacerlo.
Encontrar este borrador después de cuatro años me produjo una sensación extraña, porque esperaba leer una reflexión perteneciente a otro momento y terminé encontrándome nuevamente frente a una discusión que sigue abierta. Ojalá cuando vuelva a leerlo dentro de algunos años encuentre que muchas de estas preocupaciones perdieron vigencia, no porque la tecnología haya terminado sustituyendo aquello que hacemos, sino porque finalmente aprendimos a utilizarla para fortalecer lo que realmente hace valiosa nuestra función, que sigue siendo, y espero que siga siendo siempre, profundamente humana.
